Según las últimas cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), muestran que a pesar del crecimiento económico promedio del 3%, del incremento de la producción y la productividad agrícola en algunos países de la región y de la mejora de los ingresos en las últimas dos décadas, la región presenta todavía altos índices de pobreza general y desnutrición infantil. La mayor concentración de población en situación de pobreza y desnutrición se encuentra en las zonas rurales: el 52,6% de la población rural vive en situación de pobreza, lo que corresponde al 31,4% de la población total a nivel regional. En el caso de América Central, los indicadores generales son más preocupantes que los que muestra la región, con 51% de incidencia de la pobreza total, una media significativamente mayor a la de América Latina y el Caribe (ALC) en su conjunto.[1]
Los servicios de extensión rural fueron implementados en la región en el marco de las políticas de la post-guerra, de acuerdo con un enfoque orientado a la modernización de la agricultura, la llamada revolución verde. Ésta tuvo resultados muy notables en el desarrollo de cadenas de valor de productos básicos (commodities) en particular; sin embargo, fue insuficiente para promover el desarrollo de la mayoría de los agricultores y de los sistemas de producción de alimentos, tradicionalmente consumidos por la población. Más precisamente, se fracasó en gran parte de la reducción de la pobreza y el hambre, así como en la desigualdad en el campo.
En este contexto resurge la importancia de la extensión en la región y por lo tanto la posibilidad de desarrollar y fortalecer servicios de ATER con una visión paradigmática moderna, basada en conceptos y principios ya ampliamente difundidos por diversos foros nacionales e internacionales, gubernamentales y multilaterales, con una fuerte participación de la sociedad civil.
El desafío para el ámbito de la innovación en las zonas rurales es precisamente el fortalecimiento, la creación y expansión de formas y medios para facilitar el proceso participativo - encuentro de los sujetos del desarrollo - y gestión del conocimiento en la perspectiva horizontal, desde y hacia la realidad concreta de familias rurales. En este sentido, la Gestión del Conocimiento debe desarrollarse como un instrumento de integración de la capacidad instalada, basado en el acervo de información acumulada desde la perspectiva de la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible.
En consecuencia, para avanzar en estos temas, se propone facilitar los espacios para el intercambio de conocimientos de una manera sistemática y que genere aprendizaje real a nivel de los individuos y sus organizaciones. Por ello es necesario implementar una Plataforma de Gestión del Conocimiento que facilite ese intercambio, desarrolle capacidades y competencias acordes con las posibilidades y las inversiones nacionales en sistemas de extensión. La gestión del conocimiento al servicio de los sistemas de extensión y asistencia técnica en América Latina requiere, además de los instrumentos, metodologías y técnicas para lograr una “facilitación estable” de la gestión, sobre todo de una estrategia a corto y mediano plazo.
RELASER, en alianza con SEAD y FAO, viene implementando el proyecto de la Plataforma del Gestión del Conocimiento sobre ATER (PGC) desde el 2017. En el 2018, se estan ejecutando actividades en Ecuador, Chile, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Nicaragua y es posible que se agregue algún país adicional.
[1] Estrategias de reformas institucionales e inversiones en los sistemas de extensión y transferencia de tecnología en Latinoamérica y el Caribe. FAO Oficina subregional para Mesoamérica. Panamá 2014.