Crisis como las que afrontan los paperos, arroceros, horticultores, cacaoteros y lecheros, entre otros productores agrícolas, exigen cada vez más que estos se conviertan en autogestores de varios procesos o, en otras palabras, que sean menos dependientes.
El problema no es solo la producción, pues también influyen, por ejemplo, la presentación de los productos y la comercialización –lo que hace que la mayoría de los pequeños y medianos agricultores no estén preparados para vender sus cosechas–, lo que genera, entre otras situaciones, una gran dependencia de los intermediarios.
En el fortalecimiento de tales conocimientos juega un papel esencial la extensión rural, asegura el profesor Heliodoro Argüello, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, quien advierte sobre la falta de asistencia técnica en las zonas rurales de producción agrícola.
Un dato que evidencia el gran vacío que existe en este acompañamiento es el registrado por el Censo Nacional Agropecuario de 2014 –el más reciente–, según el cual, de las cerca de 2,7 millones de unidades productivas agropecuarias, solo el 9,6% (259.200) habían recibido lo que se conocía en ese momento como asistencia técnica.
Uno de los factores que explican el bajo porcentaje de acceso a dicho servicio se encuentra en la forma como se estaba realizando esta labor hasta el 29 de diciembre de 2017. Para cumplir con lo acordado en el proceso de paz entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado, se expidió la Ley 1876 que crea y pone en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), por medio de la cual también se conformó el servicio público de extensión y otras herramientas dirigidas a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector.
Entre los aspectos en los que la UNAL incidió en la Ley se encuentran el de reconocer a las universidades como actores del servicio de extensión agropecuaria –que no estaba planteada– y el replantear el concepto de extensión diferente al de asistencia técnica.
En ese sentido, el profesor Argüello menciona que el nuevo concepto contempla la extensión como acompañamiento y no como visita, pues la asistencia técnica se concentraba en transferir de manera lineal y vertical –de arriba hacia abajo– los conocimientos técnicos a las comunidades rurales.
La extensión agropecuaria no se centra exclusivamente en el cultivo o el hato, y no se transfiere sino que se construye de manera conjunta entre el extensionista y el agricultor para alcanzar el desarrollo económico y social de las familias rurales.
Extensionistas graduados
Una vez aprobada la Ley, la Facultad diseñó el Diplomado en Extensión Rural que ya completó seis cohortes, de las que se han graduado hasta el momento 500 extensionistas en todo el territorio nacional.
“Varios de ellos están haciendo el trámite para constituirse en Empresas del Servicio de Extensión Agropecuaria (Exeas), y otros son funcionarios de entidades públicas”, señala el docente.
El plan de estudios, que combina presencialidad y virtualidad, está centrado en los cinco enfoques que plantea el artículo 25 de la “Ley SNIA”: desarrollo de capacidades tanto humanas integrales como sociales, el cual se relaciona con el fortalecimiento de la asociatividad y que sirven para promocionar el desarrollo empresarial y las redes de productores, incluidas mujeres y jóvenes.
El tercer enfoque se basa en acceso y aprovechamiento efectivo de la información y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el cuarto en gestión sostenible de los recursos naturales y el quinto en mayor participación de los productores en espacios de política pública sectorial.
Al respecto, el profesor Argüello indica que el desconocimiento de la política pública es uno de los aspectos más débiles que enfrentan las familias rurales.
El diplomado de la UNAL puede dirigirse a una zona y realizar un diagnóstico participativo que permita identificar las limitaciones de la comunidad, no solo en producción sino también en calidad de vida (ingresos, educación, salud, acceso a programas, etc.). Con esa información diseña un plan de extensión rural que concreta o define los recursos y responsables de monitoreo y seguimiento.
“Tenemos la grata experiencia de que la mayoría de las veces dicho plan es acogido por la comunidad o el mismo municipio”, agrega.
Artículo publicado en: https://www.agriculturayganaderia.com/website/extension-rural-la-mision-para-enfrentar-las-crisis-agropecuarias/