Si bien la entrega de servicios de asesoría rural en América Latina y el Caribe es pluralista, es decir, es entregada por una diversidad de instituciones públicas y privadas, no hay duda de que es el Estado el principal agente de inversión en estos servicios y el principal contratante, directo e indirecto. Es decir, es principalmente el Estado el que fija las reglas en que se desenvuelve la extensión y en consecuencia el trabajo de los extensionistas. Uno de los principales problemas que enfrenta hoy día el extensionismo es la falta de claridad sobre lo que el Estado aspira sobre sus políticas e inversiones en esta materia.

El rol del Estado es principalmente enfrentar activamente los problemas que enfrenta la sociedad. Si observamos a nuestra sociedad latinoamericana, hay tres grandes temas que relacionan la forma en que se hace agricultura con problemas mayores para nuestras sociedades. El primero es el tema alimentario.  Hace 30 años la desnutrición era la clave, hoy día, y hay suficiente información que lo avala, la obesidad en los distintos estratos etáreos, es nuestro principal problema. 

Los distintos estados enfrentaron con cierto éxito el tema de la desnutrición asumiendo políticas ligadas a la producción de mayor cantidad de alimentos, pero también haciendo un trabajo educativo con la comunidad, para un mayor consumo de proteínas, principalmente. Es destacable el esfuerzo en los años 60 y 70 para aumentar el consumo de pollo, cerdo, huevos y leche, a través del estímulo a la producción en conjunto con campañas publicitarias. El Estado, en los distintos países debería asumir políticas activas para enfrentar el tema de la obesidad, buscando enfoques productivos pertinentes y trabajando educativamente con la comunidad.

Un segundo gran tema es el de la sostenibilidad de los recursos naturales. La contaminación de las aguas y los suelos está afectando seriamente dicha sostenibilidad, lo que solamente puede ser asumido en una escala relevante por el Estado, porque el sector privado y los agricultores en forma aislada no lo internalizan en sus costos. Hay cada vez más conciencia sobre la salud del suelo y el agua y existen sistemas productivos y prácticas concretas, como por ejemplo la agroecología, las Buenas Prácticas Agrícolas y el Manejo Integrado de Plagas, que deben ser trabajadas con una fuerte inversión educativa y de infraestructura.

El tercer tema que consideramos relevante es la rentabilidad de la actividad agropecuaria. No es sostenible pensar que por ejemplo la agricultura familiar en su gran mayoría puede permanecer en la producción de commodities o en fruticultura de gran escala, ni tampoco es viable mantener el sistema de subsidios productivos para una creciente población cuya actividad agrícola es cada vez menor. Pensar en una agricultura familiar que sea rentable cumpliendo un rol social en la producción de alimentos que permitan enfrentar la pandemia de la obesidad y en la conservación de los recursos naturales, es una tarea. Y cuando hablamos de rentabilidad, no es solamente al económica, sino también la social y ambiental.

El extensionismo y los extensionistas en el actual contexto deberían tener una nueva misión, y esa debe estar principalmente orientada por el Estado, el cual necesita repensar su rol, su políticas e inversiones para enfrentar los problemas mayores de la sociedad. Pero en contrapartida, los extensionistas, a través de sus organizaciones, redes y empresas deberían incidir en la institucionalidad para ser corresponsables de este desafío, formarse adecuadamente para ello y generar los mecanismos para visibilizar su rol.

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