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Artículo publicado originalmente el 23 de agosto en Mongabay Latam: https://es.mongabay.com/2023/08/bioeconomia-paises-amazonicos-desarrollo-economico-conservacion-entrevista/

Por Yvette Sierra Praeli 

  • Durante los Diálogos Amazónicos uno de los temas en debate ha sido la economía y las alternativas al sistema actual, una de ellas, la llamada bioeconomía.
  • Mongabay Latam conversó con Luiz Beduschi, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina y El Caribe, sobre lo que significa la bioeconomía para los países amazónicos.

Ante la crisis climática, cada vez más voces ponen sobre la mesa la necesidad de cambiar la forma en que se usan y extraen los recursos naturales, que plantean la urgencia de impulsar una economía que priorice la conservación de la naturaleza. Algunas de esas voces hablan de la importancia de fortalecer la bioeconomía. ¿Esto puede ser posible?

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la bioeconomía es la producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos con el objetivo de proporcionar soluciones sostenibles y permitir una transformación hacia una economía sostenible.

Durante la Cumbre Amazónica de Belém do Pará, en Brasil, Mongabay Latam conversó con Luiz Carlos Beduschi, oficial sénior de Políticas en Desarrollo Territorial en la Oficina Regional de la (FAO) para América Latina y El Caribe, quien señala que “la bioeconomía emerge como una prometedora vía para que los países amazónicos fusionen el desarrollo económico con la conservación y el aprovechamiento sostenible de su vasta biodiversidad”.

—¿Qué significa la bioeconomía para los países Amazónicos?

—Lo primero es señalar que no existe una definición o visión única sobre la bioeconomía, no obstante, hemos visto una creciente preocupación por parte de los países amazónicos en promover la generación de actividades económicas que eviten la degradación ambiental y la deforestación de la selva amazónica, y al mismo tiempo que generen oportunidades de empleo digno y mayores niveles de seguridad para los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y afrodescendientes. Esta preocupación se identifica con la emergencia y la necesidad de desarrollar un concepto de bioeconomía ligado a la Amazonía. En ese sentido, la bioeconomía emerge como una prometedora vía para que los países amazónicos fusionen el desarrollo económico con la conservación y el aprovechamiento sostenible de su vasta biodiversidad.

La riqueza biológica de la Amazonía otorga a la bioeconomía el potencial de revolucionar la economía regional. Sin embargo, con este potencial vienen desafíos y responsabilidades particulares.

El desarrollo económico sostenible destaca como uno de los beneficios más tangibles, permitiendo a estos países capitalizar su biodiversidad para producir una gama de productos de valor agregado, desde medicamentos hasta bioplásticos. Esta transformación podría catalizar mayores ingresos, generar empleos y mejorar la calidad de vida. Además, la bioeconomía otorga un lugar especial al conocimiento tradicional, base de muchos de sus productos y soluciones. Respetar y recompensar este conocimiento indígena y local se vuelve imperativo. El desafío tecnológico y científico también persiste. La necesidad de acercar la rica biodiversidad a la vanguardia de la ciencia y la tecnología implica que los países amazónicos deben fortalecer sus inversiones y capacidades en estas áreas.

—Hay muchas dudas en los pueblos indígenas con respecto a la bioeconomía, ¿cómo despejar esas dudas?

—Pasa con todos esos conceptos cuando empiezan a ganar mucha repercusión. Hay un desafío de hacer la precisión sobre qué estamos hablando, de lo contrario hay un riesgo de que la misma palabra acabe generando interpretaciones que nos lleve por caminos muy distintos. Hay que encontrar la forma de que esas distintas concepciones, trayectorias, percepciones y definiciones se encuentren para tener algo de un mínimo común.

Ese es un tema que empieza a entrar mucho en la discusión cotidiana. Cada uno los interpreta como quiere y de acuerdo a sus intereses y creo que aquí lo importante es cómo se explicitan esos intereses, cómo se consigue subordinar los mercados a determinados valores, principios y orientación ética. Al final nos va a llevar a la discusión antigua sobre ética y economía.

La economía es una forma de organizar la vida para una vida mejor y aquí hay una necesidad de hacer que las opciones de mercado sean más permeables a determinados valores y principios. Eso solo se va a lograr con mucho diálogo, en el que todos los actores se sienten a la mesa. La cuestión principal es cómo hacer que ese movimiento no sea como se dice “vino viejo en  botella nueva”. Es decir, cómo efectivamente se puede armar una economía basada en principios y valores que pongan la conservación de la naturaleza, no como un impedimento al desarrollo de los pueblos, sino más bien como un pasaporte para el futuro.

—¿Es posible lograrlo?

—Recientemente falleció un importante investigador del desarrollo sostenible, Ignacy Sachs, que en la conferencia de Estocolmo en 1972 lanzó la idea sobre ecodesarrollo. Sachs era un economista polaco, naturalizado francés, que estudió en Brasil, era de los que mejor conoció Brasil. Cuando venía decía que acá había un potencial enorme de inspirar una nueva civilización basada en la biomasa y utilizado el potencial del Sol, de los conocimientos que evolucionaron a lo largo del tiempo entre la sociedad y la naturaleza para inspirar una economía distinta.

Creo que acá [en los Diálogos Amazónicos en Brasil] y escuchando algunas conversaciones, debemos poner por delante del carro el tema de los derechos, más que partir por una determinada actividad o por la cadena de valor. Es decir, ¿qué queremos? ¿Qué futuro se quiere para las comunidades y para el país?

—Considerando las discusiones en los Diálogos Amazónicos y la Declaración de Belém, en la que se incluyen 13 artículos sobre economía para el desarrollo sostenible, ¿cuál es su opinión sobre estos acuerdos? ¿Es lo que se esperaba?

—Los temas reflejados en la Declaración sobre economía para el desarrollo sostenible son técnicamente muy importantes y bastante precisos. La declaración ofrece una base sólida para iniciar un proceso que permita avanzar en la construcción de indicadores y metas específicas para distintas actividades, las mismas que, de momento y debido a la naturaleza política del documento, no fue posible detallar.

—¿La bioeconomía ha entrado en esta discusión y en los acuerdos?

—Como comentamos al inicio, el concepto de bioeconomía, como tal, no tiene un consenso entre los países amazónicos, no obstante, muchos de los principios y fundamentos alineados a la bioeconomía están claramente reflejados en diversos artículos de la declaración, tales como la seguridad alimentaria, la infraestructura sostenible, la protección de los bosques, la protección social, los derechos humanos y la participación social. En muchos países de la Cuenca Amazónica hay avances significativos hacia la consolidación de políticas públicas de bioeconomía, como en los casos de Brasil, Ecuador y Colombia, lo cual demuestra que este tema llegó para quedarse.

—Un tema que involucra a la FAO es la seguridad alimentaria, que también se ha incluido en la Declaración de Belém, ¿cuál es la situación de la seguridad alimentaria en la Amazonía?

—Debemos reconocer que hace mucho tiempo que no se realiza un estudio detallado a nivel panamazónico que identifique las variables de inseguridad alimentaria que impactan de manera diferenciada a los habitantes de esta región. Lo que sí podemos afirmar es que, en la gran mayoría de estos países, en los distritos y municipios amazónicos existen tasas de pobreza muy superiores a las medias nacionales, factor que sin duda puede comprometer la seguridad alimentaria de sus habitantes. Según estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos un tercio de la población amazónica enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave. Esta situación se agrava cuando consideramos que la mayoría de la población de la Amazonía —más del 60 %— reside en zonas urbanas, lo que puede limitar su acceso a alimentos frescos y nutritivos.

—¿Es una situación que se repite en todos los países amazónicos?

—Brasil, un país con una vasta porción de la Amazonía, presenta desafíos significativos en este sentido. Los estados de Marañón y Amazonas tienen las tasas de pobreza más altas del país, con 57.5 % y 51.42 % respectivamente. Estos índices de pobreza, sin duda, están directamente relacionados con el acceso limitado a alimentos adecuados.

La situación en Colombia tampoco es alentadora. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística revelan que en la región de Orinoquia-Amazonia, la pobreza multidimensional afectó al 30.0 % de la población en 2019. Aunque este porcentaje es similar al del año anterior, es preocupante notar que en áreas rurales la cifra asciende a 42.8 %, destacando la disparidad entre zonas urbanas y rurales.

En Perú, la situación varía según el departamento, pero en áreas amazónicas, la pobreza multidimensional es particularmente alta. Por ejemplo, en Loreto alcanza el 37 % y en Amazonas el 35 %. Estas cifras superan con creces el promedio nacional, que se estima entre el 26 % y el 30 %.

En Ecuador, las provincias amazónicas presentan los niveles más altos de pobreza en el país. Morona Santiago lidera la lista con una tasa de pobreza del 70.5 %, seguida por Napo y Orellana con 59.4 % y 55.6 %, respectivamente. La inseguridad alimentaria y la pobreza en la región amazónica son problemas profundamente interconectados que requieren una atención urgente. Las cifras mencionadas muestran que es esencial desarrollar estrategias y políticas enfocadas en mejorar el bienestar y la seguridad alimentaria de los habitantes de esta región tan vital para el planeta.

—¿Es posible cambiar esta situación?

—La situación de inseguridad alimentaria en la Amazonía es un desafío complejo que está íntimamente ligado a factores socioeconómicos, ambientales y culturales. Sin embargo, según las iniciativas y enfoques presentados, hay un potencial significativo para abordar y mejorar esta situación a través de una bioeconomía inclusiva y sostenible.

La transformación rural inclusiva, que empodera a las comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes, puede asegurar que sus voces y conocimientos sean considerados en los procesos de toma de decisiones, lo que a su vez puede conducir a prácticas productivas más sostenibles y al fomento de la seguridad alimentaria. Además, la inversión en educación, desarrollo de capacidades, acceso a infraestructura y servicios, y el apoyo a la agricultura familiar a pequeña escala, son esenciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas amazónicos.

Por otro lado, el reconocimiento y protección de los derechos colectivos de la tierra y el acceso a incentivos forestales pueden proporcionar a las comunidades rurales una base más sólida para gestionar y beneficiarse de sus tierras de forma sostenible. La promoción de políticas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las comunidades rurales también son cruciales, ya que las mujeres desempeñan un papel vital en la agricultura y la gestión de recursos. Además, la cooperación y colaboración entre los países amazónicos, a través de una estrategia y acción panamazónica, puede potenciar los esfuerzos colectivos para abordar los desafíos de la inseguridad alimentaria en la región. En resumen, aunque la inseguridad alimentaria en la Amazonía es un problema arraigado, con un enfoque multidimensional y cooperativo, es definitivamente posible cambiar esta situación.

—Durante los diálogos Amazónicos se discutieron muchos temas, ¿cuáles destacaría?

—De lo que hemos escuchado en los Diálogos Amazónicos hay algunos temas a los que la FAO está poniendo atención. Primero, garantizar los derechos especialmente territoriales, que son la base para los sistemas de conservación y que también permiten una gobernanza territorial dialogada, que involucra a diversos actores.

Se ha escuchado mucho sobre la necesidad de participación y ahí está el instrumento de consulta previa libre e informada. Hay un proyecto de FAO que involucra a comunidades indígenas que pasa por un proceso muy riguroso de consentimiento libre e informado, eso ha generado procesos lindos, interesantísimos y de mucho aprendizaje. Se debe escuchar y tener métodos de escucha porque los tiempos de los proyectos no necesariamente son los tiempos de las comunidades, entonces, hay toda una reingeniería desde el punto de vista de los proyectos que es importante tener en consideración.

Otro tema importante es la adecuación de los instrumentos de política a las realidades de los sujetos y de los territorios. Es necesario una innovación en la forma de hacer política. Por ejemplo, los instrumentos de hacer política muchas veces están orientados al individuo, y muy poco están orientados a formas de acción colectiva que, en gran medida, marcan la forma de organización de la vida social y económica de las poblaciones indígenas y de las comunidades tradicionales.

—Usted señala que se debe pasar de una política orientada al individuo, a una política orientada a formas de acción colectiva, ¿se está dando este cambio?

—La acción colectiva representa una oportunidad para combinar los esfuerzos de protección de la política pública con la capacidad solidaria de la sociedad. La pandemia demostró una gran capacidad de solidaridad por parte de las comunidades rurales a través de la implementación o expansión de sistemas propios de gestión de riesgos, cooperativismo, asistencia social e inclusive de seguridad alimentaria. Ante la ausencia de los Estados, los diversos movimientos sociales en la región se organizaron para realizar intervenciones importantes tales como ollas comunes de alimentos, fondos rotatorios y funciones de vigilancia sanitaria. No significa que estas acciones colectivas puedan o deban sustituir la política pública, de ninguna manera, sin embargo, sí considero que hay mucho espacio para reconocer el gran potencial de la acción colectiva en el diseño de nuevas políticas públicas más efectivas y eficientes.